Querido lector:

La quincena pasada me refería a los actos que se están celebrando en toda España, pero muy especialmente en Aragón, consagrados a recordar la vida y el recuerdo de Joaquín Costa. El de hace unos días (22 de septiembre) en el Ateneo de Madrid estuvo protagonizado por las organizaciones de regantes nacional y aragonesas, concretamente por Fenarcore, Canal de Aragón y Cataluña, Riegos del Alto Aragón y Cámara Agraria Provincial de Huesca. Los presidentes de tales organizaciones hicieron uso de la palabra brillantemente y debo destacar la coincidencia en el juicio admirativo sobre Costa y en la alta preocupación de todos -también la mía cuando tuve ocasión de intervenir- en relación a la división que se avecina de las cuencas hidrográficas que está realizándose, en algunas de ellas, bajo el impulso avasallador y dominante de algunas Comunidades Autónomas en virtud de sus nuevos Estatutos.

Recordaba en mi carta anterior que Costa fue el gran impulsor de la "política hidráulica" a la que consagró su obra póstuma y que enlaza con lo mejor de la política agraria de Carlos III, con el pensamiento de Jovellanos en esta materia a quien le siguió Manuel Lorenzo Pardo y el Conde de Guadalhorce, entre otros, con las políticas de transformación de la última mitad del siglo pasado -recordemos al viejo INC y su sucesor el IRYDA- y del presente. Al Conde de Guadalhorce se debe la creación de las Confederaciones Hidrográficas en España, nacidas bajo el principio de "unidad de cuenca". Confederaciones que han sido vistas desde el exterior como un ejemplo que se sigue hoy en muchos países, mientras aquí parece que queremos desmembrar lo unido a través de tantos años.

Las ideas y el empuje de Costa lograron la creación la Liga de Contribuyentes de Ribagorza, que pasó años después a ser la Cámara Agrícola del Alto Aragón, la construcción en un plazo récord del Canal de Aragón y Cataluña, soñado por él, y fruto de sus ideas, inaugurado por Alfonso XIII en 1906. Muerto ya Costa, nació la Confederación Hidrográfica del Ebro en 1926.

Puedo imaginar el disgusto y la extrañeza e ira, tal vez, de Costa si viera lo que hoy ocurre, cuando él que pedía «un plan general para toda la península, bien en partes, bien por regiones o bien por cuencas», engarzados con pantanos, el equivalente a lo que hoy llamamos un Plan Hidrológico, muerto por la lucha entre partidos. Y hay que recordar que esta ha sido una constante de nuestra historia: el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1902, el de 1933 de Lorenzo Pardo, en la II República, y los planes que proseguirán en tiempos de Franco y los sucesivos Planes Hidrológicos Nacionales entre los que cabe recordar los de la etapa socialista (1983-1996) con Javier Saenz Coscolluela y con Josep Borrell, con su plan de intercomunicación generalizada entre cuencas, o el que fue aprobado por el Gobierno de Aznar tras amplias negociaciones, que fue derogado de modo inmediato por el nuevo Gobierno que le sustituyó en 2004. Luego han venido los Estatutos de Autonomía recabando para el dominio territorial lo que debe estar unido por el principio de "unidad de cuenca".

Es por ello que la Constitución Española de 1978 declaró en artículo 149.22 «competencia exclusiva del Estado» los recursos hidráulicos cuando las aguas discurren por más de una comunidad autónoma y ese es el caso, por ejemplo, del Ebro, del Tajo, del Duero, del Guadalquivir, del Júcar, del Guadiana y de tantos otros.

Esta situación no debe seguir así, aporta indefinición y lo que es peor inseguridad jurídica a las comunidades de regantes. Y ellos están antes que los afanes insaciables de algunos políticos territoriales. Y es aún más necesario cuando el gran objetivo de FAO es aumentar la producción mundial para lo que necesitamos más agua en lugar de más tierra. Se hace necesario por ello -lo he pedido muchas veces- que se lleve a cabo un gran acuerdo entre partidos, entre los dos grandes partidos nacionales, una gran "pacto del agua" que respete el artículo 149.22 de la Constitución y que abra el camino a una red de canales de interconexión de cuencas que va a ser necesaria por razones de cambio climático y porque la seguridad en los abastecimientos clásicos hoy no es satisfactoria. Además conviene reactivar las inversiones en obras hidráulicas que, como otras inversiones públicas, vienen languideciendo desde hace unos años por razón de la crisis, mientras que Obama y otros dirigentes proceden del modo contrario, aumentando sus inversiones públicas. Ese gran "pacto del agua" debería ser una prioridad del nuevo Gobierno y su oposición que salga de las urnas el 20-N.

Me atrevo a sugerir algunos principios básicos para tal acuerdo, que ya expuse en la presentación del magnífico libro de los profesores Ramón Llamas y Alberto Garrido titulado "Water policy in Spain" en noviembre de 2009 y que resumo:

1) Hoy el agua es un bien económico, de dominio público y de carácter global.

2) El Estado, en tanto que gestor del agua, bien común, debe garantizar a cualquier español,cualquiera que sea su autonomía, el agua en cantidad y calidad que precisa para riego o para su uso doméstico o industrial. Ambos principios, deberían ser un nuevo paradigma para definir una nueva política del agua.

3) España no es un país seco en cuanto a la abundancia de lluvia sino que lo es en cuanto a su caprichosa distribución. Pero para una población de algo más de 44 millones de habitantes la escorrentía anual de nuestro país arroja una dotación de unos 2.500 m3/ habitante y año, una cifra que podemos comparar con los 1.000m3 que definen un índice pleno de desarrollo, incluyendo en los mismos las necesidades agrícolas e industriales. Hay agua y además están las subterráneas. Tal vez no hayamos sabido distribuirla.

4) La sequía -estos años olvidada- hará su aparición nuevamente, como la Dama del Alba, pero esa sequía -que tanto invocaba Costa- no es única la causa del problema. La causa es -o será- no haber abordado las soluciones cuando ésta llegue. Y esa es otra realidad que los políticos deben comprender.

5) Aceptado lo anterior hay que ordenar el aprovechamiento del recurso -superficial o subterráneo- sobre el que pesa cada vez más una demanda cuasi ilimitada. Resulta absurdo y poco racional que mientras el mundo camina hacia la regulación global del agua, nosotros, para la gestión de un bien escaso y global, hayamos caminado pasando competencias desde los organismos de cuenca a las autonomías, en contra claramente de lo que dispone el artículo 149.22 de nuestra Constitución. Eso es inconstitucional y está trayendo día a día más irracionalidad al sistema.

6) ¿Es posible y conveniente imaginar un sistema -tipo plan Borrell- por el que se conecten las cuencas con excedentes -Norte, Duero, Tajo y Ebro- con las sedientas -Pirineo oriental, Júcar, Segura, Guadalquivir y Sur-? ¿Y la conexión entre Duero y Tajo? ¿Y entre Tajo y Guadiana? ¿Es esto hoy un "imposible autonómico"? De hacerse todas las autonomías serían acreedoras o deudoras en agua según las épocas y las situaciones. No habría vencedores ni vencidos. Y esa red tiene un coste muy inferior al AVE. No es un problema económico.

7) El regadío seguirá siendo una necesidad no española sino global. No hay alimentos para la población mundial presente y es necesario aumentar los rendimientos sobre la misma o menor superficie cultivada que hoy. Eso solo lo permite el regadío. Y en España los regadíos son nuestro presente en la agricultura, aportan la mayor parte de nuestra producción final y nuestra exportación agraria, y son nuestro futuro. He afirmado muchas veces que «la agricultura del futuro será de riego o no será».

El corolario de todo lo anterior es que debería lograrse un "Pacto de Estado del Agua" que deje al margen cuestiones políticas o territoriales para ser enfocada sobre las necesidades de todos los ciudadanos. Si todos los regantes coinciden en el objetivo y en la necesidad se hará. Solo la división entre los que sienten la necesidad podría impedirlo. Lograr ese pacto, reconstruir el "plan general" que Costa pedía sería una buena manera de iniciar un renovado camino que su recuerdo bien merece.

Un cordial saludo.