Querido lector:

¡Al fin sabemos que pretende la UE sobre el futuro de la agricultura europea! ¡Mejor hubiera sido seguir en la ignorancia, Sancho, amigo! Ha sido el comisario europeo de Agricultura -no de otras cosas-, Dacian Ciolos, quien ha presentado su informe "La PAC en el horizonte 2020" (COM(2010)7672/5). Y su esquema se basa en múltiples informes precisos recibidos, pero sobre todo en un ya famoso acuerdo franco-alemán del 14 de septiembre pasado que es el que da origen a muchas de las ideas y de la fuerza de este informe. ¿Estuvo España en aquel acuerdo? ¿Estuvo en otros tratando de pilotar unas fórmulas mediterráneas propias a nuestros fines? ¿Existen estudios encargados por nuestro MARM a prestigiosas universidades españolas para exponer su posición -si la tiene- con bases científicas? No lo sabemos.

El documento parte de definir como estratégico «el futuro a largo plazo de las zonas agrícolas y rurales». Es curioso porque coincide con las palabras del Papa Benedicto XVI quien el 14 de noviembre decía «parece decisivo un relanzamiento estratégico de la agricultura». El documento asegura que uno de los pilares de esa PAC nueva debe ser «garantizar la seguridad alimentaria para responder a la demanda alimentaria global que crecerá un 70% de aquí a 2050» (la UE es el primer exportador mundial de alimentos y éstas representan el 6,8% de las exportaciones totales de la UE) y ayudar a que esos productos sean «variados, de calidad y de valor», producidos de forma duradera, respetuosa con el medio ambiente, la calidad del agua, la sanidad animal y vegetal, etc. Y finalmente debe garantizarse la viabilidad de las colectividades rurales para las que lo agrícola es la fuente creadora de empleo a escala local. Nada que objetar a todo ello. Pero de aquí se pasa a dos pilares: uno primero más centrado en la ecología y en una mayor equidad y otro, segundo, más orientado a la competitividad, la innovación, el cambio climático y el medio ambiente. Y en tal contexto se dice que los bosques deben jugar un rol en la producción de bienes públicos, aunque no se determina cómo se remunera tal producción.

Se asegura que el rol de la agricultura es producir bienes alimentarios. ¡Bien! ¡Por fin se dice y conviene recalcarlo! La agricultura está para producir alimentos. ¡Sí! La UE debe responder a esas demandas en un mercado globalizado y con una volatilidad creciente en precios. Y se advierte que la nueva PAC entrará en vigor tras, o en el marco, de una crisis que ha afectado duramente a las rentas agrarias que son hoy un 40% inferiores por unidad de trabajo a las de otros sectores y un 50% menos en zonas rurales que en urbanas (datos del documento comentado). De ahí concluye marcando tres objetivos: 1) una producción alimentaria viable, 2) una gestión sostenible de los recursos naturales y 3) un desarrollo territorial equilibrado. Esto, como se ve, no es nuevo. Viene ya en todos los documentos sobre la PAC desde hace décadas.

¿Qué quiere decir lo anterior? Que la propuesta que nos llega está desequilibrada entre sus fines y medios agrarios y sus fines y medios ecológicos o medioambientales y, a su vez, entre ambos. Y que se puede estar de acuerdo con los primeros y, al tiempo, altamente en desacuerdo con los segundos. De hecho, tiene una deriva -parece- demasiado ecologista, poco acorde con los intereses productivos y de rentas y que ya ha suscitado críticas. Veamos las respuestas al documento habidas hasta ahora, para comprender mejor este galimatías.

¿Qué reacciones han tenido los países más implicados en la PAC y más perceptores de ayudas? El informe PAC 2020 ha tenido ya la aprobación general del ministro de Agricultura francés Bruno Le Maire, del ministro de Agricultura alemán, Robert Kloos, y del ministro de Agricultura italiano, Giancarlo Galan. Todos ellos ministros de "Agricultura", así, a secas. Pero todos ellos ya han manifestado, al tiempo, su preocupación por el verdissement de la PAC (el "reverdecimiento" de la PAC), porque solo se traduce en «más restricciones a la producción y más apilamiento de papeles a rellenar», como ha afirmado la Federación de Agricultores alemanes DBW, uniéndose a la todopoderosa FNSEA francesa. Al tiempo, el Senado francés ha defendido la «necesidad de asegurar la soberanía alimentaria» de Europa. La "soberanía"...

Alemania, Francia e Italia han rechazado, pues, la eliminación de las ayudas directas. «Hay cosas no aceptables para Francia» ha dicho el ministro francés. Porque el problema es que la UE va a tratar en esta revisión de reducir aún más la parte de su presupuesto atribuido a la agricultura. (Por cierto, nada se nos ha dicho sobre el "cheque inglés", ¿qué pasa con él?). Esto deriva hacia los pagos agrarios, pese a que la PAC tuvo un coste del 65% a mediados de los ochenta y hoy es del 40%. Para reducir esta cifra es necesario cambiar las normas de reparto y así hacerlas más "brumosas" y, al tiempo, compensar a los nuevos Estados miembros que no tuvieron pagos por razones históricas, ya que cuando se implantaron ellos no gozaban de esa historia y por eso reclaman nuevas formas de reparto. Hay pues tras los principios una batalla de fondo y alto calado entre Estados miembros y de todos contra el presupuesto de la Unión. Y no será incruenta.

Y ¿qué han dicho nuestras organizaciones? ASAJA nacional reclama un presupuesto ambicioso para afrontar los planes previstos; busca el cómo para la garantía de nuevas energías alternativas; lamenta que no se refuerce la posición de agricultores y ganaderos en la cadena; pide cambios en la legislación nacional sobre derecho de competencia; reclama iguales derechos -reciprocidad- para los productos importados en términos de empleo, seguridad social, etc., y pide simplificar las reglas de ecocondicionalidad. ASAJA-Sevilla asegura que la propuesta de Ciolos pone en peligro la supervivencia de la agricultura andaluza y pide igualmente la reciprocidad en los intercambios comerciales y repartir justamente los beneficios de la cadena de valor.

Las Cooperativas agroalimentarias señalan que las últimas reformas lejos de asegurar las rentas agrarias las han deteriorado, por eliminar los instrumentos de gestión de mercados en momentos de crisis, unidos a una alta volatilidad de los precios, y que hay una distribución altamente concentrada frente a una oferta muy atomizada y en ese contexto no se permiten acuerdos interprofesionales regulatorios por culpa de la Ley de Defensa de la Competencia.

COAG afirma que la propuesta es decepcionante a la hora de concretar mecanismos de regulación de mercados: y añade que con una UE a 27 y unos fondos PAC congelados desde 2003 y presupuestados para una UE-15, no se podrán lograr los objetivos. Tienen razón. No hay garantías para precios, ni para situaciones de crisis, ni para el equilibrio en la cadena de valor. UPA recopila la propuesta pero nada afirma de ella. Habrá que estar a la espera para saber su opinión. Por su parte, La Unión deja claro que la nueva PAC no irá en la buena dirección hasta que no se garantice presupuesto suficiente y se oriente hacia los agricultores a título principal, pide un presupuesto suficiente para financiar la PAC, mecanismos regulatorios de mercado para garantizar rentas y que no haya renacionalización de la Política Agrícola Común.

¿Mi opinión? Diré con Ortega y Gasset en momento crítico «no es esto, no es esto». No. Tenemos una nueva propuesta que no nos permite estar seguros con los cambios que propone. Solo sabemos que viene con intención de reducir nuestras percepciones (más de 7.000 millones de euros, siendo el segundo perceptor tras Francia) y que no debemos permitirlo. Es seguro también que se querrán distribuir esos fondos de otro modo. Habrá que estudiarlo. Pero en el frontispicio de la nueva PAC habría que grabar a fuego algunos principios:

1. La seguridad alimentaria es y va a ser un elemento de soberanía de la UE irrenunciable frente a terceros. No estamos ya en finales del siglo XX, estamos en otro momento y el nuevo centro gravitacional de todo, también de los alimentos, está en los países emergentes de Oriente.

2. Vamos a altas volatilidades. Si se quiere asegurar rentas y por ende población rural (asentamientos) es necesario garantizar mecanismos de regulación de crisis, eficaces y donde quepa la defensa del pequeño frente al grande.

3. En ese contexto es imprescindible volver al origen en materia de defensa de la competencia. La ley no puede ser igual para la agricultura que para la aviación, la banca, la gran química, las energéticas, etc., etc. Debe ser, como la agricultura, singular.

4. Los intercambios comerciales deben venir unidos al principio de igualdad y reciprocidad. No se pueden admitir para terceros reglas de producción, sociales o medioambientales, que estén vetadas en nuestras propias reglas.

5. El presupuesto agrario no debe ser recortado y las ampliaciones a los nuevos Estados miembros habrá que hacerlas con cargo a otros recursos, incluido el famoso "cheque británico" que hoy carece de sentido.

6. La política agraria es una política de producción de alimentos, que son preciosos y escasos. No la mezclemos con la ecología cuyos fines son otros, pero que pretenden actuar sobre el patrimonio agrario por su creación de aquellos bienes públicos que aprovecha la sociedad pero que no remunera a sus productores los agricultores/forestales; pues los bienes raíces que los producen son privados y sus propietarios deben ser remunerados.

7. No he visto referencias a primar a los agricultores por la capacidad de mitigación del CO2 que sus plantaciones aportan, sean en cultivos anuales, permanentes o forestales. Ese "bien público" debería estar remunerado y reconocido.

Pero también sabemos algo ya de la posición de la nueva ministra Rosa Aguilar. Personada en Mérida ha dicho que pretende «hacer de la agricultura y la ganadería un pilar fundamental de carácter estratégico» y que la propuesta Ciolos «está en línea con las bases consensuadas en Mérida» (hace tiempo, ya). Esto último no garantiza nada pues aquellas bases eran un documento típico comunitario trufado de pseudo- compromisos, de equilibrios, etc. Pero la primera frase sí me ha gustado, ha ido al centro de la cuestión: a las actividades económicas. Estas son las que hay que proteger y sostener. Son la base del PIB, del empleo y de la supervivencia de los pueblos. Ha dejado claro que va a tratar de consensuar con las organizaciones agrarias, aquí, «una posición común para defender una PAC fuerte que garantice la renta de los agricultores». Pero una vez logrado eso viene lo más difícil, buscar los apoyos fuera que impidan que quede aislada. Siga en ese camino, ministra, negocie duro, busque sus alianzas, las suyas, y ganará. Por ese camino no se equivoca.

Un cordial saludo.