Querido lector:

La crisis, la crisis, no se habla de otra cosa, aquí y en el mundo entero. Estamos sometidos a ella, todos, y nos atenazan las cifras del déficit público, la deuda y el paro, cuyos guarismos crecientes debilitan la posición española ante los mercados y ha obligado al Gobierno en las últimas semanas -muy presionado por el exterior y sobre todo por la UE- a tomar medidas muy impopulares (reducción de salarios públicos, congelación de pensiones, etc.). Entre tales medidas sorprendió a los analistas económicos, una, la que recortaba las inversiones públicas en unos 5.000 millones de euros, que se añadía a otro recorte anterior, en febrero, de una cuantía más reducida, pero ambas implican un fuerte freno al crecimiento y generan paro de modo directo, aunque ayuden a sanear el déficit. Esos recortes afectan muy singularmente a obras públicas en infraestructuras de transporte ferroviario y a obras hidráulicas programadas unas y otras por el Ministerio de Fomento y el MARM.

Es por ello que en la asamblea anual que celebra todos los años la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI) que me honro en presidir, y que tuvo lugar el pasado 2 de junio, acudió a clausurar la ministra Elena Espinosa, como ya lo hizo en años anteriores, y habló extensamente sobre los programas de inversiones de su departamento y las consecuencias de tal recorte de inversiones, tras unas palabras elogiosas hacia ANCI: «Para el Ministerio, desde finales del año 1997, ANCI se ha convertido en un interlocutor ante las Administraciones públicas; en una asesoría, en muchos casos, y siempre en una fuente de información, tanto en la construcción como en la gestión y en la propia financiación de infraestructuras».

Y seguidamente centró su intervención en la política del agua, cuyos criterios básicos expuso: «nuestro objetivo es gestionar los recursos hídricos proporcionando, por una parte, la garantía de usos de los mismos, administrar las necesidades de los sectores y adecuarnos a legislación y los criterios de la Unión Europea». Tras aludir a los Planes de Cuenca afirmó «puedo facilitarles un dato objetivo: no vamos a ser capaces de suministrar agua con los recursos convencionales que hoy tenemos para todas las demandas que podamos tener en un futuro, así que estamos diseñando la utilización de estos recursos no convencionales, algunos de los cuales ya están en marcha. Me refiero a temas como la desalinización o la reutilización de las aguas depuradas».

Cuando se refirió al Programa de Calidad de las Aguas, que supone una inversión de 19.500 millones de euros entre 2007 y 2015, ya aparecieron las principales nubes: «para su tranquilidad, les diré que vamos a continuar con este esfuerzo, con algunos reajustes, a lo mejor, de anualidades siempre y cuando encontremos la colaboración o la posibilidad, no quiero que me lo malinterpreten, de que el otro porcentaje, que debe aportar la comunidad autónoma correspondiente, se pueda mantener ya que ellas tampoco son ajenas a la situación económica que estamos viviendo».

Y llegamos a la modernización de regadíos, centrada en el ahorro de agua, en un horizonte 2015, en un mix de ahorro de agua pero también eficiencia energética. La obra pendiente de realizar es una inversión de unos 1.200 millones de euros. Y ahí apareció el contraste entre la realidad de la crisis -no hay fondos- con la voluntariedad del compromiso: «el presidente del Gobierno ha pedido a la sociedad española un esfuerzo colectivo y equitativo, para que seamos capaces de dejar atrás esta profunda crisis económica y llevar a cabo los programas de inversiones de los que les he hablado...como las empresas propias del Ministerio». Ello le hace pensar que con esta nueva arquitectura financiera nos permitirá licitar entre el mes de junio y el mes de septiembre 400 millones de euros en obra y al tiempo seguir explorando determinadas soluciones, al igual que lo está haciendo el Ministerio de Fomento, para mantener la inversión con un sistema de financiación público-privada.

Y terminó afirmando que «en nuestro caso, hay dificultades ya que asumimos inversiones que son de las comunidades autónomas y en algún caso de los ayuntamientos, a la hora de definir esa financiación público-privada. Quiero asegurarles que no vamos a dejar de intentarlo siempre y cuando legalmente sea posible». Como se ve una intervención realista, sincera, leal y muy centrada.

El problema, pienso yo, es que tal vez no haya -tras los recortes- márgenes para mantener el ritmo de inversiones, que no será probable que la banca acuda con facilidad a los nuevos programas PPP, sean de Fomento o del MARM, por su propia situación y por las inseguridades jurídicas que ha generado el anuncio relativo a las ayudas a las energías solares y que, en tal caso, la inversión productiva podría seguir cayendo provocando más paro, menos actividad y menos crecimiento.

En esa misma reunión intervinieron, antes de la ministra que fue quien clausuró, dos economistas de gran renombre: Juan Laborda de FUNCAS y Ramón Tamames, catedrático de Universidad. El primero puso el acento en el déficit y la deuda y el segundo llevó su comentario sobre la reducción de los recursos para inversión y afirmó: «recortar los gastos de inversión en infraestructuras es un absoluto disparate; no es una afirmación así improvisada...habría que haber hecho los recortes en otros sectores.... la obra civil es el mejor instrumento anticíclico para resolver muchos problemas».

En suma: el sector de la construcción de obra civil se va a ver muy afectado por los recortes de inversión productiva en ambos Ministerios y la agricultura de riego en sus perspectivas de futuro por las del  MARM, que afectarán a regadíos, desaladoras, depuradoras, planes de cuenca, etc. Sería bueno que tales incógnitas se despejaran lo antes posible y que todos -Ministerio, regantes, agricultores, constructoras, etc.-podamos saber a qué nos debemos atener en los próximos años. La seguridad es una parte importante del crecimiento económico.

Un cordial saludo